Valencia

La PLV solicita prohibir la marcha pancatalanista del 23 de abril

La solicitud fue presentada ayer a Subdelegación del Gobierno, amparada en indicios jurídicos

iV.com.- La asociación Plataforma Valencianista (PLV) presentó ayer lunes en Subdelegación del Gobierno en Valencia, un escrito con carácter de urgencia, instando a la prohibición de la marcha pancatalanista del sábado 23 de abril que organizan diversas entidades como Endavant, Arran, SEPC  y que partirá desde la plaza de San Agustín de la Ciudad de Valencia.

La PLV ha optado por iniciar esta petición puesto que la naturaleza de la manifestación “atenta contra artículos esenciales tanto de la Constitución Española como del Estatuto de Autonomía valenciano, reivindican los mal llamados países catalanes, que son la unión de Cataluña, Valencia y Baleares, con la excusa de que comparten una cultura y lengua común, lo cual resulta ser toda una fantasía de mentes paranoicas. Y además, se tienen ya antecedentes del carácter violento de estas marchas”.

Cartel publicitario de la marcha catalanista
Cartel publicitario de la marcha catalanista

La entidad valencianista también ha comunicado a Subdelegación de Gobierno que en la rueda de prensa realizada el pasado viernes por estos grupos para presentar estos actos del 23 de abril, desplegaron una bandera independentista catalana en el monumento de las Torres de Serranos, “una bandera que puede generar acción al odio, incumple también la legalidad vigente de nuestro Estatuto y la Constitución e incita a la violencia”.

Por todo ello, la PLV solicita se prohíba dicha manifestación y se pregunta, ¿Qué ocurriría si los valencianos nos plantásemos en Barcelona y nos manifestáramos diciendo que en Cataluña se habla valenciano y que queremos invadirlos cultural y políticamente para que dejen de ser catalanes?, termina  en su comunicado la entidad valencianista.

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ES NOTICIA… Zaplana recibió casi 10 millones de euros en «mordidas»

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido este martes al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana en su casa de Valencia acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, fraude y delito fiscal. La operación de la Fiscalía Anticorrupción que lleva el juzgado número 8 de Valencia investiga las adjudicaciones de las ITV concedidas en 1997 a una UTE de empresas y la concesión de parques eólicos a Sedesa, la constructora de la familia Cotino. Entonces Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana (entre 1995 y 2002).
Son los dos principales bloques de adjudicaciones públicas investigados, pero habría otros. A cambio de estas concesiones, el entonces presidente valenciano habría cobrado comisiones de casi 10 millones de euros, según las fuentes consultadas por ABC.
abc.es

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