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Opinión

Agravio fiscal

Jose Segura / LO QUE HAY

Espero que mi compañero de columna, el economista Juan E. Daroqui, me disculpe por meterme en su terreno. Pero el agravio comparativo que está suponiendo, para la inmensa mayoría de los españoles, la lista de implicados en los llamados papeles de Panamá, bien se merecería una respuesta colectiva de los ciudadanos de a pie, en forma de objeción fiscal.

Lo que pasa es que los servicios y estructuras necesarios para el funcionamiento del país, precisamente entre las clases medias y bajas, requieren del esfuerzo fiscal de la mayoría, por lo que tal objeción resultaría injusta.

También ocurre que los insuficientes y esforzados recursos humanos de la inspección fiscal, apenas pueden abarcar sus tareas. Y, además, no están dirigidos por sus superiores para abordar la persecución del fraude en las grandes fortunas y empresas. Resultaría pues injusto que nos pusiéramos bordes con estos trabajadores de la Agencia Tributaria.

Igualmente parece injusto evitar que los trabajadores a los que su renta les sale correctamente a devolver, se vieran privados de reponer un dinero que seguramente necesitan.

Todo esto al margen de que pocos se atreverían a realizar tal objeción, ante una Agencia Tributaria que, fuera de toda lógica legal, primero dispara y después pregunta, resulte justa o no su sanción. Y qué decir de las aportaciones fiscales de los que tenemos una nómina o una pensión –es decir, casi todos-, que nos impiden dejar de pagar lo que ya nos han descontado mes a mes.

En realidad, conforme voy escribiendo, me resulta cada vez más hipotética una objeción fiscal ciudadana, que en realidad debería estar dirigida exclusivamente contra nuestros gobiernos anteriores y contra el actual en funciones. Sólo ellos son los responsables, con sus servilismos y con sus miedos, de que este agravio fiscal permanente se produzca en nuestro país.

Y de esta dejadez gubernativa tan rastrera por genuflexa, se deriva la evasión fiscal de casi todos aquellos que por familia, por fortuna o por arribismo económico, encuentran todo tipo de facilidades para desviar sus ganancias a los insultantemente permitidos paraísos fiscales.

Es claro que si el gobierno les pone la zanahoria, estos burros sabios e insolidarios ciudadanos –entre los que figuran cada vez más personajes de la izquierda, para vergüenza de sus correligionarios- acudan obedientes al reclamo y se lleven fuera el dinero que debería quedarse aquí.

La cobertura legal que se da en la inmensa mayoría de los países a la evasión de impuestos, mediante la permisividad de empresas “off-shore”, debería revisarse lo antes posibles. Son ya muchos los avisos de descontento que los ciudadanos están transmitiendo a los gobernantes por muy diversos motivos. Y la reciente aparición de los papeles de Panamá, que está dejando con el culo al aire a miles de personas en las que hasta ahora confiábamos, más o menos, bien debería resultar una bomba de relojería que pusiera al poder en su sitio. De una vez por todas.

Así que mientras pataleo, abandonando ya definitivamente la idea de una objeción fiscal en toda regla, me dispongo –como tantos otros- a preparar mi declaración de renta de este año. Eso sí, con un regusto amargo y con menos ganas que nunca.

Twitter: @jsegurasuarez

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ES NOTICIA…incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una “infracción grave” que vulnera el derecho a la privacidad.

ES NOTICIA…incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una “infracción grave” que vulnera el derecho a la privacidad.

Los grupos de WhatsApp han llegado a convertirse en el quebradero de cabeza de muchos usuarios. Participantes que no paran de hablar o enviar vídeos, audios o imágenes, otros comentando..., hasta el punto de que la gran mayoría terminan siendo silenciados durante una semana o incluso un año. Ahora, una resolución publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) establece que incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una "infracción grave" que vulnera el derecho a la privacidad, puesto que todos los integrantes pueden ver el número de teléfono del resto, un dato de carácter personal protegido por ley. En este sentido, la AEPD trata en su resolución el caso ocurrido en el Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid), donde un concejal creó un grupo de WhatsApp en el que incorporó los números de teléfono de 255 personas —incluyendo el del denunciante—, la mayor parte vecinos de ese municipio, "con la finalidad de proporcionar información de acciones o actuaciones de interés vecinal".
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(20minutos.es)

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