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Opinión

Presidentes

Juan Enrique Daroqui/Economista

Llevamos bastante tiempo viendo desfilar por los Juzgados, unos para prestar declaración, otros para ser juzgados, a muchos presidentes de entidades financiares o grandes empresas.

Últimamente ha comenzado el juicio a Juan Pedro Hernández Moltó por falsear las cuentas de la CCM (Caja de Castilla la Mancha) de 2008. Este hombre es economista, y fue el azote de Mariano Rubio cuando era presidente del Banco de España.

Y como casi todos los presidentes de las grandes corporaciones que llaman a declarar, dice que él era como la Reina de Inglaterra, que asistía a los Consejos pero como de oyente más o menos, y que su trabajo real era como de “animador socio-cultural”, eso sí, animador socio-cultural a precio de presidente de banco, que a la hora de cobrar sí que sabía de qué iba el asunto. Los hay que la tienen de cemento armado y a lo mejor se piensan que alguien les va a creer.

Pero es que no es el primero que dice cosas así. Otros presidentes de cajas o bancos como Miguel Blesa (Caja Madrid), José Luis Olivas (Bancaja y Banco de Valencia) o el propio Rodrigo Rato (Bankia) han soltado cosas parecidas.

Parecería que para presidir un Banco o una Caja de Ahorros lo único que había que saber era cobrar el pedazo de sueldo que tenían o que ellos mismos se ponían. El único mérito necesario era tener un amigo político que mandara lo suficiente para colocarte, o bien porque te conoce desde el colegio o bien porque tú ya habías sido político de la cuerda del que manda ahora.

Lo que es seguro es que ninguno de ellos elaboraba las cuentas anuales de sus entidades, con datos falsos, ni se ponía a vender él directamente acciones o preferentes, pero lógicamente, como presidente de la entidad tenía la responsabilidad inherente al cargo y al sueldo, para velar por que se hicieran bien las cosas.

Por lo tanto es de ley que los jueces se preocupen de que los que más mandaban den explicaciones de los actos de sus empresas u organizaciones y si han cometido ilegalidades, paguen su culpa. Vamos lo lógico y normal.

Ocurre que una entidad importante del país ha tenido a todos sus tesoreros con problemas judiciales, unos imputados y otros detenidos. Tiene a miembros destacados de su organigrama cumpliendo condena, otros a la espera de juicio y otros muchos, todos cargos relevantes, siendo investigados (como se dice ahora). Lo que se dice na organización podrida de narices. Hasta le investigan si la reforma de su sede principal (y otras) fue pagada con dinero negro.

Me refiero, claro está, al Partido Popular. Son incontables la cantidad de escándalos en los que está implicado el partido, e innumerable la cantidad de gente que tienen condenados, imputados, investigados o pringados. El propio Partido Popular está imputado, como organización, en el caso del borrado o destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, extesorero del partido.

En este caso, ¿porqué al presidente del Partido Popular ni siquiera lo han llamado a declarar?. ¿Ser presidente de un partido con semejante currículum no conlleva ninguna responsabilidad?.

Yo no soy abogado y quizá por eso no lo entiendo. Le preguntaré a mi amiga Susana Gisbert, que es fiscal, a ver si ella es capaz de explicármelo.

@Rutiguer_JED

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ES NOTICIA…incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una “infracción grave” que vulnera el derecho a la privacidad.

ES NOTICIA…incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una “infracción grave” que vulnera el derecho a la privacidad.

Los grupos de WhatsApp han llegado a convertirse en el quebradero de cabeza de muchos usuarios. Participantes que no paran de hablar o enviar vídeos, audios o imágenes, otros comentando..., hasta el punto de que la gran mayoría terminan siendo silenciados durante una semana o incluso un año. Ahora, una resolución publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) establece que incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una "infracción grave" que vulnera el derecho a la privacidad, puesto que todos los integrantes pueden ver el número de teléfono del resto, un dato de carácter personal protegido por ley. En este sentido, la AEPD trata en su resolución el caso ocurrido en el Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid), donde un concejal creó un grupo de WhatsApp en el que incorporó los números de teléfono de 255 personas —incluyendo el del denunciante—, la mayor parte vecinos de ese municipio, "con la finalidad de proporcionar información de acciones o actuaciones de interés vecinal".
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(20minutos.es)

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