Medio Ambiente ratifica el informe desfavorable sobre el rally automovilístico ‘Subida al Garbí’

Este plan prohíbe las competiciones de vehículos a motor, aunque otorgaba cinco años de autorización para este rally que terminaron en 2015

La Dirección Territorial de Medio Ambiente de Valencia ha emitido un informe desfavorable a la celebración de la prueba deportiva ’46ª edición Subida al Garbí’, prevista para los próximos 17 y 18 de diciembre de 2016. El informe responde a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Serra en la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias en fecha 15 de noviembre de 2016.

La respuesta de la Dirección Territorial al Ayuntamiento de Serra se sustenta en el artículo 7 del Plan de Uso Público del Parque Natural de la Sierra Calderona, de 2010, que prohíbe las competiciones de vehículos a motor en el parque y mantiene el criterio que sirvió para denegar la solicitud presentada en 2015.

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El director general de Medio Natural, Antoni Marzo, ha subrayado que «no obstante, y ante la pretensión del ayuntamiento de celebrar la prueba automovilística en 2016, la Dirección General de Medio Natural solicitó un informe de la Abogacía de la Generalitat que refuerza tanto los informes técnicos de la conselleria al respecto, como el informe desfavorable que finalmente se ha adoptado y que hoy se ha remitido al Ayuntamiento solicitante».

El Plan de Usos otorgaba una autorización excepcional a la prueba anual ‘Rally Automovilístico Subida al Garbí-Serra’, limitado a un período de cinco años. Con ello se quería otorgar a los agentes socioeconómicos implicados un plazo suficiente para desarrollar y consolidar otro tipo de iniciativas de desarrollo turístico mucho más acordes con la sostenibilidad y los objetivos de conservación del espacio natural protegido, así como estudiar alternativas para la prueba deportiva que no afectaran al parque natural.

En 2015, terminado el plazo, el Ayuntamiento de Serra presentó una solicitud para mantener la excepcionalidad de la prueba. La dirección territorial consideró que modificar el Plan de Uso Público de 2010 sería contrario a Derecho y a los principios, fines y objetivos que persigue la normativa de protección del medio ambiente. Es por ello que, el 25 de noviembre de 2015, se emitió un informe desfavorable, que ahora se ratifica.

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