Entrega al ministro una carta de la Plataforma 27.1 formada por las familias afectadas por la supresión de conciertos en la que solicitan amparo al ministro y le trasladan su «angustia y su incertidumbre»
MH.- La Plataforma Libertad de Enseñanza 27.1 ha entregado en la Conselleria de Educación y al Sindic de Greuges cerca de 45.000 firmas y escritos de padres y madres a título personal contra el cierre de 31 aulas concertadas de primer de Bachillerato en distintos centros de la Comunitat Valenciana. Desde la Plataforma aseguran que supone la «restricción de un derecho fundamental» como es la libertad de enseñanza y recuerdan que este cierre se condiciona «únicamente a la existencia de oferta pública y a la aplicación de unos criterios preferenciales, algo que es contrario a derecho».
Así y ante el ninguneo del presidente Puig y el conseller Marzà a las reivindicaciones de las familias valencianas que están saliendo a la calle de forma constante, la síndica del grupo Popular en les Corts Isabel Bonig se reunió ayer en Madrid con el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, para defender los intereses de los padres y madres que quieren elegir libremente la educación y la lengua en la que quieren educar a sus hijos.
Bonig, que estuvo acompañada de Eva Ortiz y Beatriz Gascó, transmitió al Ministro la preocupación porque los decretos educativos de Marzà, como el lingüístico y el de los conciertos, vulneran leyes orgánicas y la Constitución Española. “Salirse de la norma no puede ser el modus operandi habitual de un gobierno serio en democracia, ya que ponen en cuestión todo el fundamento del estado de derecho”, ha indicado.
La dirigente popular explicó que “hemos informado y entregado al Ministro una carta de la Plataforma 27.1 formada por las familias afectadas por la supresión de conciertos en la que solicitan amparo al ministro y le trasladan su angustia y su incertidumbre ante la supresión de unidades de la enseñanza concertada sobre todo en bachillerato”.
“Es muy grave que en la Comunitat Valenciana un partido radical como Compromís sea quien controle la educación por cuatro razones. En primer lugar por el adoctrinamiento al pretender imponer un único modelo de pensamiento en las aulas y eso jamás lo vamos a consentir. También porque se da un atentado a la legalidad. Saltarse la ley a la torera está siendo el santo y seña del señor Marzà: la LOMCE, la ley de la administración local, la que regula la creación de escuelas infantiles, la ley de uso del valenciano, los requerimientos permanentes del Síndic de Greuges, la Constitución, el Estatuto de Autonomía… La tercera razón es por perpetrar un ataque a las libertades sin precedentes en la historia de la Comunidad, demostrando su sectarismo, su radicalidad y su voluntad de imponer su modelo único de enseñanza. Además, en cuarto lugar, están actuando a imagen y semejanza de Cataluña con el modelo lingüístico que proponen, con la imposición del valenciano a familias y funcionarios y con la defensa del «països catalans»”, explicó anoche Bonig.
Isabel Bonig finalizó recordando la estrategia real de Compromís y el gobierno «del Titànic»: «La tónica general no puede ser el adoctrinamiento, el catalanismo y la falta de legalidad. La educación es algo mucho más serio que todo eso. Y si el tripartito no está a la altura lo denunciaremos donde y ante quien haga falta. Además de atentar la legalidad vigente, más grave todavía es el ataque a las libertades, algo que no vamos a consentir bajo ningún concepto”.
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