También la junta de tratamiento del centro donde permanecía está en contra. Fabra ha cumplido ya tres cuartas partes de la condena
MH.- El juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid ha acordado este viernes la libertad condicional del expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra, internado en el centro de inserción social Victoria Kent, al haber cumplido ya las tres cuartas partes de la condena que se le impuso en el ‘caso Naranjax’, han informado fuentes jurídicas.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de esa decisión, adoptada en contra de la junta de tratamiento del centro Victoria Kent y de la Fiscalía Anticorrupción. Tras haber cumplido la mayor parte de su condena, Fabra sale en libertad condicional en cumplimiento de lo establecido en la Ley penitenciaria.
El expresidente de la Diputación de Castellón fue condenado en 2013 por la Audiencia Provincial de Castellón a cuatro años de prisión y al pago de 1,4 millones de euros de multa por cuatro delitos fiscales, tras considerar que el exmandatario había defraudado a la Hacienda Pública 693.000 euros.
Después de conocer la condena, el expresidente recurrió la decisión al Tribunal Supremo que rechazó el recurso, solicitó al Gobierno un indulto, el cual también fue denegado, y apeló al Tribunal Constitucional, que también desoyó su petición.
En prisión desde diciembre de 2014
En diciembre de 2014 Fabra ingresó en la prisión de Aranjuez (Madrid) desde la que posteriormente fue trasladado, en abril de 2016, al centro de inserción social Victoria Kent, donde llegó a solicitar hasta tres veces la libertad condicional que ahora le han concedido.
Anticorrupción se mostró contraria a esta medida en las anteriores ocasiones «principalmente» porque Fabra no había abonado «los intereses de la cantidad a la que fue condenado en sentencia en concepto de responsabilidad civil». Esos intereses ascienden a «algo más de 300.000 euros», indicaron a EFE fuentes judiciales.
Aún así, en su anterior solicitud de libertad condicional, la junta de tratamiento del centro emitió un informe desfavorable por mayoría y no por unanimidad, como había ocurrido las dos veces anteriores.
El origen del proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.
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