La gestión en concesión por Sanitas del Departamento de Salud de Manises ha supuesto un ahorro de unos 42,5 millones al año para la Administración valenciana en gasto corriente sanitario público
La gestión en concesión por Sanitas del Departamento de Salud de Manises ha supuesto un ahorro del 25% en el gasto corriente sanitario público para la Administración valenciana con respecto a los hospitales de gestión pública directa, lo que equivale a unos 42,5 millones al año, según auditoría operativa del periodo 2009 a 2015 elaborado por la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
La Sindicatura ha remitido el informe a Les Corts Valencianes, a la Conselleria de Sanitat y a la firma concesionaria, Especializada y Primaria L’Horta Manises, S.A.U. La auditoría señala que la concesión ha tenido un coste para la Administración de 721 euros anuales por habitante (de los cuales, aproximadamente 47 euros son por inversiones), por debajo de los 894 de gasto corriente que se observa en los departamentos de gestión directa. Refleja, también, que la concesión de Manises tiene menos facultativos por cada 1.000 habitantes que los hospitales comarcales y que, además, el coste por empleado es un 9,6% inferior.
La auditoría ve «incumplimientos de las medidas de control en rentabilidad, inversiones o contratación de personal directivo», así como la falta de un «procedimiento claro de liquidación», que «lleva a dificultades importantes a la hora de aprobar las liquidaciones anuales».
Al respecto, el informe recoge que existe una diferencia de 179,8 millones de euros en 2009-2013 entre las propuestas de liquidación de la Conselleria y de la concesaria, a favor de la Administración. Asimismo, calcula 39,2 millones de euros de exceso en la contraprestación capitativa por aplicación no literal de la cláusula de revisión prevista en los pliegos. El informe critica «la inconsistencia en la determinación de la cápita inicial, ya que se estableció el mismo precio que en otras concesiones, pero con distintas obligaciones».
Por otra parte, como consecuencia del retraso en los pagos, el concesionario reclama a la Conselleria de Sanitat 10,8 millones de euros en intereses de demora.
En relación con el control de la prestación por parte de la Administración, la Sindicatura señala la ausencia, en el contrato, de un clausulado específico sobre indicadores de resultados y su sistema de evaluación. Asimismo destaca la ineficacia de la Comisión Mixta de Seguimiento como órgano de control de la concesión, ya que en los siete años analizados en el Informe, la comisión únicamente se reunió 12 veces.
La Sindicatura de Comptes recomienda a la Conselleria de Sanitat «adoptar medidas para llevar a cabo sus funciones de control y seguimiento, que le permitan evaluar la eficiencia y la eficacia de la utilización de los recursos públicos que se ponen en manos de terceros».
También recomienda definir un procedimiento claro para determinar el precio del contrato, «en el que se establezcan aspectos tales como los plazos de presentación y de alegación, los medios de comunicación a utilizar, los requisitos formales previos a cumplir y los órganos competentes para aprobar el precio del contrato».
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