Diego Fierro Rodríguez
Conocida es la discusión que protagonizaron Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. Ambas dirigentes se enfrentaron por la presión fiscal de sus respectivas Comunidades Autónomas, con todo lo que eso implica.
Se puede debatir con mayor o con menor intensidad su conveniencia, pero la generación de zonas con muy diferente tributación es algo claro e irrefutable. Por eso, hay especialistas que consideran, con razón, que hay paraísos fiscales.
Es cierto que, tradicionalmente, se ha hablado de paraísos fiscales para calificar a determinados países con una reducida presión fiscal. Sin embargo, la complejidad territorial de países como España y la distribución de competencias hacen posible que se organice un espectacular caos por diferencias tributarias, de modo que haya regiones o territorios con una baja fiscalidad.
Hay que decir que el artículo 157 de la Constitución Española establece que, mediante ley orgánica, podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado. La Ley Orgánica 8/1980 desarrolla ese precepto constitucional e incluye las fuentes de la financiación autonómica.
El contraste fiscal, que se ha podido producir por la aplicación de la Ley Orgánica 8/1980, ha generado grandes debates. No es extraño, pero es algo inherente a la libertad para determinar los elementos de bastantes tributos cedidos total o parcialmente y a la competitividad fiscal que ello implica.
Se podría pensar en armonizar el régimen tributario de las distintas Comunidades Autónomas, con una ley orgánica de armonización, aunque parece difícil que se pueda llegar a un acuerdo sobre este asunto, desgraciadamente. La razón es que cada Gobierno autonómico querrá seguir conservando sus facultades legislativas fiscales y los partidos políticos defenderán diferentes posturas, aunque serán iguales en lo que al fondo se refiere, ya que habrá algo sobre lo que siempre existirá acuerdo entre muchos: que la Comunidad de Madrid debe incrementar la presión fiscal a sus ciudadanos. Sin embargo, podría ser más razonable que en las demás Comunidades Autónomas se reduzcan las cuotas tributarias de un modo que haga poco rentable el éxodo fiscal, pero eso atentaría contra muchos intereses ya creados.
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