Medio Ambiente estudia el impacto del fallo sobre la ley española, mientras restaurantes de Valencia y Sagunt esperan su permiso
La sentencia del Tribunal de la Unión Europea del pasado 14 de julio, que declara contraria al derecho comunitario la prórroga automática y sin concurso de concesión de actividad en puertos y costas, está reabriendo conflictos que se habían encauzado, como el de la gestión de los puertos deportivos o los chiringuitos de la playa.
Respecto a esto último, el Ministerio de Medio Ambiente está estudiando el impacto de esta sentencia sobre la legislación española, concretamente, sobre la ley de Costas. Según apuntan fuentes gubernamentales, la Dirección General de Costas y Domino Público Marítimo-Terrestre valora el alcance de la sentencia sobre los chiringuitos de playa.
En el caso valenciano, podría tener impacto sobre una decena de ellos aproximadamente, que son los que tienen en este momento en trámite la prórroga de su concesión. Estarían ubicados en Pinedo, El Saler y Sagunt.
En todo caso, insisten, por el principio de seguridad jurídica todos aquellos a los que se les ha concedido la prórroga recientemente «no tienen ningún problema». Del mismo modo, las mismas fuentes apuntan que no se ha paralizado el trámite de esa concesión de prórroga, aunque reconocen que la sentencia podría cambiar la situación.
Lo cierto es que estos restaurantes ubicados en las playas son objeto de un controversia jurídica constante. Hace apenas dos semanas, otra sentencia del Tribunal Supremo ha eliminado la preferencia en la concesión de licencias para chiringuitos que estuvieran antes de entrar en vigor la ley de Costas de 2013. Se entiende que genera un agravio frente a los empresarios interesados en optar al negocio y funciona como una especie de prórroga encubierta.
Este asunto generó un amplio debate en Valencia que quedó apaciguado a partir de la aplicación de esa ley. Permitió prorrogar todas las concesiones existentes amparadas por la legislación vigente en 2013, con lo que ´legalizó´ la mayoría de instalaciones de las playas de Valencia. El asunto vuelve a estar sujeto a la interpretación jurídica en pleno momento de vacío de poder y con una decena de restaurantes pendientes de obtener su prórroga.
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