Opinión

¡Tururú!

Jose Segura / LO QUE HAY
Muy a pesar mío, vuelvo a interrumpir mi período sarcástico –que no sabático- porque algo ha vuelto otra vez a sacarme de mis casillas. Y a fuer de parecer bocazas, reconozco que cuando se producen situaciones como la que hoy incumbe denunciar, me cuesta muchísimo mantener la tecla quieta.

Me refiero al ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, y a sus inusitadas alegrías ante lo que él opina como cumplimiento al 100 % de los objetivos de revisión de causas penales, previstos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, “LeCrim” para los amigos.

Jamás, incluidos los tiempos de la dictadura, se había producido en España tal unanimidad en el rechazo de esta ley en todos los estamentos de la justicia, como el expresado por jueces de toda orientación ideológica o asociación, fiscales progresistas o conservadores, funcionarios de juzgados, procuradores y toda clase de letrados.

Un rechazo causado por el empecinamiento que manifiesta esta ley, al acortar los tiempos de instrucción de los casos a seis meses –prorrogables a 18 en casos excepcionales- y, sobre todo, a la obligatoriedad de que las más de 400.000 causas abiertas quedaran calificadas en un plazo por completo imposible, anteayer, sea por la escasez de tiempo como por la habitual carencia de recursos humanos, económicos y tecnológicos que describe la pésima situación de los juzgados españoles.

Y en medio del caos provocado por la acumulación de causas y tareas pendientes, al igual que tras la petición de prórroga en decenas de miles de los expedientes, el ministro Catalá ha sacado a la palestra datos sin contrastar y sin posibilidad de hacerlos oficiales, con la falaz intención de dar por alcanzado el objetivo.

Todo este teatro, incluida la propia promulgación de la “LeCrim”, se sustenta en la dicotomía entre los nuevos y obligatorios calendarios procesales y los escasos y obsoletos medios de los juzgados, al igual que en la necesidad electoralista del alarde de Catalá.

Aunque la realidad es que todos estos cambios y alharacas legales perjudicarán profundamente el natural desarrollo de las causas más complejas, que mira tú por donde suelen ser las relativas a la corrupción.

Queda así demostrado que, además de las presiones y movimientos de puestos en la judicatura provocadas por el gobierno del PP, con el apoyo de sus acólitos en el Consejo General del Poder Judicial, los nuevos plazos previstos por la ley parecen responder –a mí no me cabe duda alguna- a una decisión política tomada a la defensiva, ante la enormidad de causas de corrupción en que el partido todavía en el poder anda envuelto.

La justicia, como la educación, la sanidad, los medios de comunicación públicos y otros servicios sociales e instituciones, deben estructurarse de una vez al margen de los cambios de color político en el gobierno. Al menos, eso dice la Constitución Española, una de las cartas magnas más desacreditadas de Europa por su escaso cumplimiento.

Así que “tuturú” para usted, señor ministro, porque ya tiene garantizado su paso a la historia como quien consiguió que todos los sectores de la justicia se hayan puesto en su contra. Y eso no es motivo de pavoneo.

Twitter: @jsegurasuarez

 

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