Educacion

Escuelas Católicas califica la resolución del Consell sobre los conciertos educativos propia de ‘regímenes dictatoriales’

Considera que “es un claro ataque a los derechos y libertades de los padres”

AVAN.- Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana (ESCACV), de la que también forman parte los Colegios Diocesanos de Valencia, ha valorado “muy negativamente” la resolución sobre conciertos educativos para el curso escolar 2016/17 publicada en el DOCV el pasado viernes.

Para la federación mayoritaria de la enseñanza concertada, la resolución supone “un claro ataque a los derechos y libertades de los padres”, y, además, no atiende “la demanda de las familias que desean escolarizar a sus hijos en centros concertados, en uso del derecho que otorga a los padres la Constitución Española” y lamenta que el consell tenga una “visión estatista y planificadora de la enseñanza, como en los regímenes dictatoriales”.

En el comunicado cita numerosos ejemplos de denegaciones de aulas, algunos “especialmente sangrantes” como en Formación Profesional Básica, “porque hay centros como San José de Calansanz de Algemesí (Valencia) o San José-Hijas de la Caridad de Alicante, que han hecho una apuesta valiente y decidida por los alumnos en riesgo de fracaso escolar, han tenido que remodelar sus instalaciones, para ofrecer esta tipo de estudios que asegure un final exitoso para los alumnos más necesitados y, a pesar de contar con el apoyo municipal e informe favorable de la Inspección, se les deniega el concierto”.

También pone como ejemplo el caso de los colegios La Inmaculada-Jesuitas de Alicante y Escuelas Pías de Valencia, “a los que no se les permite ofertar las vacantes previstas en unidades de 3 años para el curso que viene, a pesar del gran número de solicitudes con que cuentan curso tras curso”, según expresa la entidad a través de un comunicado.

Del mismo modo, en el Colegio Claret de Xàtiva “se propone, sin tener en cuenta la ratio media de la etapa, la reducción de una unidad de primaria, lo que hace que el alumnado ya escolarizado incluso se vea obligado a cambiar de modalidad lingüística o a cambiar de centro educativo”.

Aulas de apoyo e integración, “inexistentes”

En cuanto a las unidades solicitadas de Educación Especial y Apoyo Integración sobre todo en la ESO, “se constata que prácticamente no se ha concedido ninguna”, y las Escuelas Católicas denuncian el agravio comparativo con los Institutos de Educación Secundaria públicos “que cuentan todos ellos con la figura del profesor de Pedagogía Terapéutica para tratar al alumnado con necesidades educativas especiales que promociona desde Primaria”.

Según el comunicado, “no se nos conceden los recursos necesarios y luego se nos acusa, a la escuela concertada, de elitismo y de no atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”.

Así, es “significativo” el caso de colegios como el diocesano San Juan Bosco de Valencia, “en el que una vez concertada una unidad de educación especial de apoyo a la integración durante muchos años y siendo esta la única de la etapa de primaria, se le quita la mitad de los recursos para atender un elevado número de alumnos”.

Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, que representa a cerca de 300 centros educativos, denuncia la “gravedad de la situación de centros concertados que desarrollan una gran labor social”, como los Colegios Claret y Jesús-María del barrio valenciano de la Fuensanta, “a los que se les suprimen 3 aulas concertadas en su conjunto y donde la gran mayoría de alumnos requieren de medidas de compensación educativa”.

Ambos centros educan en la inclusión a alumnos de más de 23 nacionalidades y de distintas creencias religiosas y culturales, así como con muy diversas necesidades educativas.

FP Básica, “oportunidad perdida”

Asimismo, ESCACV denuncia que en Formación Profesional no se ha concedido una sola unidad concertada nueva y que existe un escrito de la Dirección General de Formación Profesional en la que se propone a la Conselleria no concertar ningún ciclo nuevo en la enseñanza concertada, “a pesar de que en algún caso se trata simplemente de una permuta entre ciclos formativos de distintas familias, como ocurre en el colegio Escuelas San José-Jesuitas de Valencia, sin incremento del gasto público”, han añadido.

Aulas mixtas que provocan despidos

Igualmente, las Escuelas Católicas denuncian que la posibilidad de funcionar como aulas mixtas, agrupando alumnado de diferentes edades, en el caso de aulas suprimidas de 3 años de Educación Infantil, “encubren la realidad de que habrá que proceder al despido del profesorado de dicha aula suprimida y reducir horas al profesor de apoyo”.

“Nos parece una tomadura de pelo que el Conseller manifieste que dichas aulas pueden seguir en régimen privado, cuando estamos hablando de una etapa declarada gratuita por la Ley y que goza de concierto general, además es imposible mezclar alumnos en régimen privado con otros sometidos a concierto educativo”.

Escuelas Católicas, que agrupa a cerca de 13.000 profesores, denuncia “la visión estatista y planificadora de la enseñanza del Consell, como en los regímenes dictatoriales, y que no tiene en cuenta que la decisión sobre la escolarización de sus hijos es un derecho constitucional que compete a los padres y no a la Administración”.

Para Escuelas Católicas “lo que se pretende es un trasvase del alumnado a la enseñanza pública, vulnerando y desconociendo el derecho de los padres a escoger centros distintos de los creados por los poderes públicos”.

Además, “se trata de derechos que recoge nuestra Constitución y los Tratados Internaciones ratificados por España”.

Un ataque a los derechos y libertades de los padres

Ante esta situación, ESCACV asegura que se encuentran ante un “claro ataque a los derechos y libertades de los padres que se plasma en otras normas como el nuevo Decreto de Admisión de Alumnos, en el que se prioriza el criterio de la cercanía sobre el del proyecto educativo del centro o se discrimina en el criterio de hermanos a los alumnos de Bachillerato y FP de centros concertados”.

Asimismo, “también se verán afectados los centros en el paso del alumnado escolarizado en aulas de 2 años, que en los colegios públicos en los que se ha implantado dicho programa experimental, con el consiguiente incremento del gasto público, se les permite acceder automáticamente a las aulas de 3 años, mientras que en nuestros centros a pesar de estar subvencionados con el Bono Infantil, se tienen que sujetar a los criterios de admisión, en clara discriminación con los alumnos de centros públicos”. 

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