Alcaldes de 300 pueblos apoyan un manifiesto por una financiación justa

Impulsado por la Generalitat Valenciana, se exige una reforma inmediata del sistema con efectos a partir de enero de 2014, el reconocimiento de un déficit acumulado cifrado en al menos 12.433 millones de euros y la ejecución de inversiones estatales equiparables al peso poblacional del territorio valenciano

iV.com.- Trescientos alcaldes de poblaciones de la Comunidad Valenciana han suscrito un manifiesto por una financiación justa impulsado por la Generalitat en el que se exige una reforma inmediata del sistema con efectos a partir de enero de 2014, el reconocimiento de un déficit acumulado cifrado en al menos 12.433 millones de euros y la ejecución de inversiones estatales equiparables al peso poblacional del territorio valenciano.

Desde la Generalitat se ha instado a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a sumarse a este acuerdo. En este mismo sentido, el President de la Generalitat ha destacado que los alcaldes y regidores aportan «la imagen comprometida del municipalismo valenciano» y que cuando los pueblos y ciudades valencianas se activan detrás de un objetivo compartido, «nuestra sociedad se transforma en imparable».

Manifiesto por una financiación justa

Los más de 300 alcaldes de municipios y localidades valencianas presentes en el Palau de la Generalitat, además del Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, han suscrito su adhesión al Manifiesto por una Financiación Justa que, posteriormente, ha sido leído por el conseller Vicent Soler.

El manifiesto recoge que los últimos años la Comunitat Valenciana ha sido «leal a las instituciones de España y solidaria con las restantes comunidades autónomas en las etapas de prosperidad».

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Los representantes municipales han acordado exigir tres medidas al Gobierno estatal para que la Comunitat Valenciana deje de ser la única autonomía con una renta por habitante inferior a la media, que recibe de los poderes públicos menos de lo que aporta, lo que han tachado como «una profunda quiebra de los principios de equidad y solidaridad».

Así, exigen una reforma «inmediata» del sistema de financiación autonómico, con efectos a 1 de enero de 2014, que posibilite a los valencianos y valencianas disponer de unos servicios públicos fundamentales de calidad y permita, de igual manera, el ejercicio de las competencias propias con el fin de alcanzar, al menos, la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades autónomas.

En segundo lugar, se reclama el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a la Comunitat Valenciana, cifrada en al menos 12.433 millones de euros desde 2002 a 2013, así como la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de dicho déficit.

Y por último, se ha acordado exigir la ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunitat Valenciana y compensando la insuficiencia inversora de los últimos años.

Se reivindica, en suma, como ha detallado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, la necesidad de «permitir a los dependientes, parados y pequeños y medianos empresarios valencianos ser iguales al resto de ciudadanos españoles».

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