Jose Segura / FILOSOFÍA IMPURA
Muchas veces han pedido nuestros gobiernos la colaboración ciudadana con la persecución del delito. Pero cuando muchos de esos ciudadanos y ciudadanas denunciantes han sacado a la luz las fechorías de los que mandan, el poder se ha encargado de machacarlos, arruinarlos y hundirles la vida.
Así, nos encontramos con el caso de Ana Garrido, exfuncionaria del ayuntamiento de Boadilla, que ella sí y no la cantamañanas de la Aguirre, destapó en gran medida el caso Gürtel. Desde entonces, la vida de Ana ha resultado un infierno. Hasta ayer mismo eran ya siete las querellas judiciales recibidas por esta valiente mujer, provenientes de cargos públicos del PP. Demandas que a diferencia del común de los mortales, están sustentadas económicamente con dinero público, Lo que faltaba. Mientras, Ana Garrido se tiene que defender por sus propios medios o con las aportaciones de otros ciudadanos, que no solo le ayudan a pagar su defensa, sino también el necesario servicio de psicología que esta denunciante ha acabado por necesitar. Una auténtica vergüenza que algún día, espero, deberá ser compensada.
Ana Garrido está hoy totalmente arruinada, sin trabajo, perseguida, conminada a callar y sin nadie que le ampare. Si esto es justicia, que venga el Consejo General del Poder Judicial y lo vea.
De similar manera han sido tratados militares como el teniente Luis Gonzalo Segura y la comandante Zaida Cantera. El primero, expulsado del Ejército por publicar un libro en el que denunciaba impresentables casos de corrupción en esa institución militar, con cerca de una veintena de querellas militares y civiles que pueden acabar con los huesos del teniente en la cárcel. La comandante Cantera, que se atrevió a denunciar a un superior por abusos sexuales, se ha visto vilipendiada y abandonada por sus propios compañeros de carrera militar, simplemente por haber denunciado un caso que además ganó en un tribunal militar. A partir de ganar este juicio, la comandante ha sufrido vejaciones y querellas que le han obligado a abandonar el Ejército. En ambos casos, se trata de exmilitares que estaban en el Ejército por vocación profesional. Y así se les paga.
Igual trato ha sufrido el exdirectivo de Aquamed, Francisco Valiente, que denunció ante el juez los sobornos que recibían altos cargos de esta empresa pública por adjudicar obras a precio hinchado y con cargo al erario público. Altos cargos que ocupan sus cargos por designación política y que no han tenido empacho alguno en despedir al denunciante, sin que ningún estamento del Estado le haya defendido ni protegido.
Son casos, entre muchos otros, que demuestran una vez más que muchos altos funcionarios del Estado y máximos cargos del Gobierno o de los Partidos Políticos, que cobran de nuestro dinero, viven a espaldas de nosotros los ciudadanos, que somos sus jefes y los que pagamos su nómina. Esto no es democracia, sino un gigantesco engaño que demuestra la durísima jeta que tienen muchos de los que alcanzan puestos de poder. En asuntos como estos ha servido para poco la transición democrática, ya que se mantienen intactos los abusos de poder propios del franquismo.
En filosofía, impura una vez más, el abuso de autoridad –también conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas- es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otro, debido a su posición social, conocimiento o riqueza, utiliza este poder para su beneficio y a su vez, permite que otros sean explotados o injustamente castigados. (Mi agradecimiento al blog mejicano “Ética y abuso de autoridad”, del que he tomado hoy mis necesarias notas)
Mientras nosotros los ciudadanos, no seamos conscientes de que la soberanía y el poder recaen en el pueblo, no seremos nada. Seguiremos aborregados y maltratados por nuestros propios empleados. Se hace necesario y urgente que tomemos conciencia de situaciones como las hoy descritas, por mucho que sigamos arriesgándonos con eso de la colaboración ciudadana.
Twitter @jsegurasuarez
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